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SE CUENTAN POR MILES LOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLEN LA LEY DE ÉTICA PÚBLICA

Según informó la Oficina Anticorrupción de los casi 54 mil funcionarios que integran la administración nacional, más de 6 mil incumplen con la Ley de Ética Pública. En ese sentido, el organismo que lidera Laura Alonso destacó que estos trabajadores no informaron cuál es su patrimonio, al tiempo que destacaron que más de 3000 no presentaron ninguna clase de información.

Mediante un relevamiento, la OA destacó que existen más de 6 mil funcionarios nacionales que incumplieron la Ley de Ética Pública, siendo que de ellos unos 3130 no presentaron ninguna clase de documento, mientras que 2.992 lo hicieron a medias, ya que en su Declaración Jurada, que fue entregada a la AFIP, no sumaron los anexos que correspondientes al organismo.

En ese sentido, desde el ente que lidera Alonso apuntaron que la mayor cantidad de incumplidores se desempeñan en universidades públicas, el Senasa, la Anses, la Cancillería, las fuerzas de seguridad, la AFIP y el PAMI. Incluso, hay 121 directores que pertenecen a los ministerios de Hacienda, Justicia, Modernización, Producción, Trabajo, Interior y Agroindustria.

Es más, destacaron que los embajadores de España, Ramón Puerta; Chile, José Octavio Bordón; Bolivia, Normando Álvarez García; e Israel, Mariano Caucino forman parte de los “deudores de documentos”. “La información corresponde al período fiscal 2016 y se trata de las declaraciones que los funcionarios tenían la obligación de presentar durante 2017”, aseguraron desde la OA.

“Esta publicación es la segunda del período fiscal 2016 y se publica 60 días previos al próximo vencimiento de las obligaciones Anuales 2017, cuyo vencimiento es el día 31 de Agosto de 2018”, señaló el comunicado, al tiempo que advirtió: “Aumentó significativamente el nivel de cumplimiento. Pasó de 81,16% en octubre de 2017 a 89,66% en 89,66% en junio de 2018. A su vez, a partir de un trabajo conjunto con distintos organismos, se incrementó la cantidad de funcionarios obligados presentar declaración jurada”.

Es más, la OA afirmó: “En octubre de 2017 eran 51.690 y en junio de este año pasaron a 53.652 Esta evolución se debe al trabajo de promoción y difusión conjunto entre la Oficina Anticorrupción y las 216 áreas de recursos humanos, como así también a la aplicación de las sanciones que se imponen a los funcionarios que incumplen con su obligación”, siendo que el organismo apuntó que en 2016 presentaron “126 denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento en la obligación de la presentación DDJJ. En 2017 fueron 120 y esta semana se presentaron otras 17”.

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